viernes, 28 de diciembre de 2012

Desde hoy se pagará mas caro el trabajo irregular

Ya ha entrado en vigor la nueva ley contra el empleo irregular que recoge sanciones más duras y refuerza las inspecciones de trabajo. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la nueva norma que, además, persigue el fraude a la Seguridad Social y el cobro indebido de prestaciones por desempleo.

  
El Gobierno quiere hacer aflorar el empleo irregular y para ello ha introducido cambios como:
-Ampliación del periodo de la exigencia de responsabilidad en los supuestos de subcontratación empresarial de uno a tres años.
-Las empresas tendrá que informar de las variaciones en los contratos de trabajo o en los casos de reducción de jornada.
-Las empresas no incursas en procedimiento concursal están obligadas a suscribir un convenio especial para los supuestos de expedientes de regulación de empleo.
-Asimismo, se regula la obligación de colaborar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de las mutualidades de previsión social.
-Se tipifica de forma explícita la comunicación fuera de plazo por el empresario a las entidades correspondientes de los datos, certificados y declaraciones que estén obligados a proporcionar.
-Los empresarios que contratan obras o subcontratan obras o servicios deberán comprobar la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores.
-Las penas máximas del fraude a la Seguridad Social pasan de cinco a seis años y la prescripción en los supuestos más graves se amplía de cinco a diez años. 
Las multas por fraude a la Seguridad Social van de los 3.000 a los 187.000 euros.
El periódico Cinco Días recoge así la información.
 

La ley que liberalizará la prestación de servicios llegará a principios de 2013

El Gobierno del Estado quiere que el 2013 sea el año de aprobación de la ley que liberalizará los servicios profesionales en España. La Ley de Servicios Profesionales podría estar lista durante el primer trimestre del nuevo año. Así, al menos lo aseguró el ministro de Economía, Luis de Guindos, el pasado mes de septiembre y ahora lo ha confirmado la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría. 
Con esta norma, el equipo de Mariano Rajoy pretende "revisar la obligación de colegiación y mantenerla únicamente para aquellos casos en los que sea estrictamente necesario en función del interés general". Estas palabras de Guindos dejan entrever el panorama futuro para los profesionales liberales. De hecho y según recoge la cadena SER en su página web, el Ejecutivo espera protestas por parte de los colectivos profesionales, sobre todo de los colegiados, ya que afectará especialmente a la colegiación y ahí tiene mucho que decir el sector.


Luis de Guindos asegura que lo que se busca es "fomentar la competencia" y los ingenieros, arquitectos, notarios, etcétera, hablan de regulación equilibrada y de evitar una liberalización excesiva.
La ley llega por la transposición de la Directiva Europea de Servicios, que establece la necesidad de liberalizar los servicios profesionales en España. Cada comunidad autónoma debe desarrollar también normativas regionales al ser las competentes en materia de colegios profesionales.