El Gobierno quiere hacer aflorar el empleo irregular y para ello ha introducido cambios como:
-Ampliación del periodo de la exigencia de responsabilidad en los supuestos de subcontratación empresarial de uno a tres años.
-Las empresas tendrá que informar de las variaciones en los contratos de trabajo o en los casos de reducción de jornada.
-Las empresas no incursas en procedimiento concursal están obligadas a suscribir un convenio especial para los supuestos de expedientes de regulación de empleo.
-Asimismo, se regula la obligación de colaborar con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social por parte de las mutualidades de previsión social.
-Se tipifica de forma explícita la comunicación fuera de plazo por el empresario a las entidades correspondientes de los datos, certificados y declaraciones que estén obligados a proporcionar.
-Los empresarios que contratan obras o subcontratan obras o servicios deberán comprobar la afiliación a la Seguridad Social de los trabajadores.
-Las penas máximas del fraude a la Seguridad Social pasan de cinco a seis años y la prescripción en los supuestos más graves se amplía de cinco a diez años.
Las multas por fraude a la Seguridad Social van de los 3.000 a los 187.000 euros.
El periódico Cinco Días recoge así la información.