Nos hacemos eco de una información que publica el diario El Mundo en su edición del jueves, 20 de junio, en la que se recoge que el Gobierno del Estado aprobará el próximo mes la reforma de los colegios profesionales y establecerá una auditoría para abaratar sus cuotas. Así lo informa Víctor Martínez:
El Gobierno aprobará el próximo mes de julio una reforma de los colegios
profesionales. La nueva regulación mantendrá la obligación de colegiarse en
aquellas actividades que puedan tener impacto directo y grave en materias de
especial interés general –como la salud o la seguridad personal o jurídica– o en
aquellas en que ésta sea la forma más eficiente de control, según figura en los
borradores del proyecto de ley a los que ha tenido acceso EL MUNDO.
De esta forma, la obligación seguirá siendo efectiva en los principales
colegios profesionales de ámbito nacional. El Gobierno no ha fijado aún qué
actividades precisarán de la colegiación, aunque algunas fuentes próximas a la
reforma ponen como ejemplo a los colegios sanitarios o algunos relacionados con
el derecho. Estas fuentes sí confirman que la ley incluirá un listado en el que
éstas vengan detalladas. Los perdedores de la reforma son los pequeños colegios
regionales, escollos en algunos casos de la competencia efectiva. La nueva norma
suprime la obligación de ser colegiado en estas instituciones.
Por otro lado, la reforma implicará un mayor control de estas instituciones
para evitar abusos en el cobro de cuotas a sus asociados. Aquellos colegios de
inscripción obligatoria tendrán que realizar una auditoría de sus cuentas y
detallar cuál es el coste de cada uno de los servicios que ofrece al colegiado.
El objetivo es adaptar la cuota de colegiación al coste de los servicios
ofrecidos, evitando que el precio de inscripción sea un peaje de acceso a la
profesión, explican fuentes conocedoras del texto.
Asimismo, el colegio tendrá que aclarar cuáles de los servicios que oferta
son de suscripción voluntaria y cuáles son obligatorios. En este sentido, la
suscripción de seguros a través del colegio será considerado un servicio
voluntario. Además, los colegios deberán establecer regímenes especiales
bonificados de cuotas, precios o tasas para profesionales desempleados,
impidiendo que el impago de éstas pueda acarrear la inhabilitación.
El nuevo marco de colegios profesionales permitirá la coexistencia de los
colegios obligatorios con aquellos de participación voluntaria. En todo caso, la
creación de un colegio se realizará por ley estatal o autonómica y será solo
para profesiones tituladas, aunque se permitirá que aquellos colegios no
titulados ya fundados puedan seguir existiendo.
Otra de los objetivos de la reforma será otorgar a estas instituciones más
independencia de los poderes públicos y agentes sociales. Así, se establecerá un
marco de incompatibilidades de los cargos directivos en las corporaciones
colegiales con cargos electos o directivos de la Administración, partidos
políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y entidades de seguro.
A nivel deontológico, cada organización estará sometida a un único código de
carácter nacional y se creará un órgano encargado de supervisar su cumplimiento.
Este organismo estará compuesto por miembros no ejercientes y deberá ser ajeno
al de gobierno colegial, contando con la participación de un representante de la
Administración de tutela con derecho de voz pero sin voto.
La supervisión pública quedará reflejada en un informe anual realizado a
partir de la memoria anual y el informe de auditoría en el caso de los colegios
de suscripción obligatoria. En caso de ser desfavorable, el informe conllevará
la disolución de la Junta de Gobierno del colegio.
La nueva ley también pretende reforzar el funcionamiento democrático de los
colegios generales, en cuyos órganos directivos quedarán representados los
distintos colegios de una misma actividad según el número de colegiados.
De forma paralela a la reforma de los colegios, el Ministerio de Economía
está trabajando en una reforma de los conocidos como privilegios profesionales
de algunas actividades. Este punto ha desatado algunos conflictos entre el
Gobierno y algunos lobbys sectoriales, así como entre varios de los ministerios
afectados, según explican fuentes cercanas al Ejecutivo. Estos choques han
retrasado la profundización en este punto, aunque las mismas fuentes señalan que
en estos momentos se está negociando con los sectores afectados como
farmacéuticos o arquitectos, entre otros, para aplicar cambios en una segunda
fase del proyecto.
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