A falta de pocos días para que, previsiblemente, el Consejo de Ministros apruebe el anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales, Unión Profesional ha hecho público su rechazo a que se produzca sin la interlocución previa. UP critica que el Ministerio de Economía no se haya reunido con la asociación, que agrupa a 35 Consejos y colegios profesionales de ámbito estatal y que representa a 966 colegios profesionales territoriales con una base de 1.404.000 profesionales colegiados.
En Unión Profesional de Canarias nos hacemos eco de esta postura, que compartirmos, y reproducimos a continuación:
"El anuncio del Ministro de Economía y
Competitividad de la semana pasada sobre la aprobación del Anteproyecto de Ley
de Colegios y Servicios Profesionales "en
los próximos Consejos de Ministros antes del Verano" no se corresponde
con la imprescindible interlocución previa del citado Ministerio proponente con
el conjunto de las profesiones reunidas en Unión Profesional.
Desde que se
anunciara la reforma del sector, la Dirección General de Política Económica del
Ministerio de Economía ha recibido a muchos Consejos y Colegios profesionales,
y a la propia Unión Profesional, que han informado unilateralmente sobre
aspectos parciales de la gestación del borrador del Anteproyecto. No obstante,
no se ha dado traslado oficialmente de
ningún texto sobre el cual poder trabajar conjuntamente, lo que es
necesario para regular un sector tan sensible como el de los servicios
profesionales.
La posible
publicación de este Anteproyecto a primeros de agosto, tal y como ha
manifestado el Ministro, conllevaría un periodo de alegaciones en este mes, lo
que sería no sólo gravoso sino que menoscabaría la participación de los
múltiples colectivos afectados.
Por este motivo,
desde las profesiones colegiadas reunidas en Unión Profesional reclaman
nuevamente el establecimiento de una interlocución real y efectiva de cara a la
elaboración de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales, que venga a
garantizar la independencia de las corporaciones colegiales, y sus funciones,
para la mejor defensa del interés general y
la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
El proceso prelegislativo
así realizado supone un menosprecio al subsector de servicios profesionales y a
los colegios, que son sus organizaciones de ordenación y control, así como una
desconfianza injustificada que se manifiesta en la falta de una efectiva interlocución
política y técnica, a pesar de haber sido solicitada en varias ocasiones. Ello
supone llevar a cabo una propuesta legislativa a espaldas del sector, siendo
justo lo contrario a lo que se había planteado al inicio de la legislatura,
despreciando con ello lo positivo y beneficioso que pueden aportar los Colegios
profesionales españoles que cuentan con su organización estatal y
multidisciplinar, Unión Profesional, creada hace 33 años, todo lo cual es
impropio de un Estado de derecho".
